Usable y accesible

Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)

2007-04-22T09:18:00.000+02:00

Artículos relacionados
[14-01-08] Referencia sobre legislación española relacionada ...

Curiosamente comenzaba este blog el viernes 13 de abril con el siguiente párrafo:

Las aplicaciones Web de la Administración Pública española, desde el 1 de enero de 2006, deben cumplir los requisitos de accesibilidad W3C-WAI según la Ley 34/2002 [1] (aunque no se especifica el nivel mínimo de adecuación recomendado, el exigido en otros textos a nivel nacional [2] y desde la Unión Europea [3] es explícitamente la Doble A).

Pues bien, como viene haciéndose eco estos días todo el mundo, precisamente el viernes 13 de abril, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI).

El Proyecto de Ley efectúa una serie de modificaciones en la ley que yo citaba, la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico [1], pero también incluye modificaciones en la Ley de Firma Electrónica [2], las dos piedras angulares del marco jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de la Sociedad de la Información. Asimismo incorpora modificaciones menores de la Ley General de Telecomunicaciones [3] y de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista [4].

En concreto, y entre otras cosas, resuelve la imprecisión de la Ley 34/2002 [1] acerca del nivel de adecuación que deben cumplir las aplicaciones Web de la Administración Pública, especificando en el capítulo 2 que:

Trece. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado uno de la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:

“A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, siempre que ello sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado.” [5]

Entendemos que por “criterios de accesibilidad generalmente reconocidos” se refiere a los de la W3C-WAI, y que por “nivel medio” se refiere a la Doble A, aunque ciertamente poco les hubiera costado ser más concretos.

Este mismo requisito será aplicable a las páginas con financiación pública, a las páginas de las empresas que gestionen servicios públicos y a las empresas obligadas a facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes. [6]

Estas empresas “obligadas a facilitar un medio de interlocución telemática” son las que se detallan en el artículo 2, punto 1 y 2 (entidades bancarias, agencias de viaje, empresas de transporte, compañías de telecomunicaciones, etc.) Aunque en el punto 3 se añade que el Gobierno puede ampliar el ámbito de aplicación a otras empresas [7].

Lo que me llama la atención es la coletilla final de “siempre que ello sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado”. Como comentaba en mi post anterior, la firma electrónica es, hoy en día, técnicamente inviable hacerla accesible, y en consecuencia me parece adecuado que se añada esta frase para evitar la paradoja de la que hablaba.

Pero a la vez me parece una frase peligrosa, ¿cómo se mide lo que es económicamente razonable y proporcionado? ¿se ampararán en ella las empresas para no cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos?

La LISI también indica que se debe ofrecer información del nivel de accesibilidad de la Web y un medio de contacto específico:

Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deberán ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o formular cualquier consulta o sugerencia de mejora. [6]

Se establecen además sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad:

Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. [6]

Después de leerme el texto íntegro (que por cierto, no estaría de más que todos los que lo comentan se lo leyeran), voy a incluir otras cosas que me han llamado la atención y que ya no están relacionadas con la accesibilidad, pero sí con otros temas de interés como la firma electrónica, el DNIe o la factura electrónica.

Si queréis juzgar por vosotros mismos, os recomiendo:

El resumen incluido en la Web del Palacio de la Moncloa
El texto íntegro de la LISI

1 . Impulso de la Factura electrónica (Capítulo 1, Artículo 1)

Se define el concepto legal de factura electrónica, para la cual es necesaria firma electrónica.

Se especifica que en el plazo de seis meses se definirá un plan de generalización del uso de la factura electrónica en España.

Se concreta la obligatoriedad del uso de factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal.

2. Obligatoriedad de la interlocución telemática. Firma electrónica y DNIe (Capítulo 1, Artículo 2)

Se estable la obligación de muchas empresas (artículo 2, punto 1 y 2), entre ellas por ejemplo las entidades financieras y las compañías de telecomunicaciones, a facilitar un medio de interlocución telemática a sus usuarios que, mediante el uso de certificados de firma electrónica y, en particular, del documento nacional de identidad electrónico les permita la realización de, al menos, trámites tales como la contratación electrónica, modificación de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas, histórico de facturación, sustitución de informaciones y datos en general.

3. Firma electrónica (Capítulo 2, Artículo 5)

Se realiza un ajuste de la redacción actual del artículo 24 a fin de incluir una remisión expresa a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica [2] y destacar así el especial valor probatorio de los contratos electrónicos que sean celebrados mediante el uso de instrumentos de firma electrónica.

Tiene por objeto clarificar las reglas de valoración de la firma electrónica en juicio, especificando que lo que debe comprobarse, en caso de impugnarse en juicio una firma electrónica reconocida, es que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados electrónicos, y que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. [8]

Se flexibiliza también la obligación de los prestadores de servicios de certificación de comprobar los datos inscritos en registros públicos a fin de eliminar cargas excesivas.

4. Votación electrónica

La disposición adicional primera establece que las Administraciones Públicas promoverán el empleo de medios electrónicos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana en la adopción de decisiones públicas. [9]

Así pues espero votar electrónicamente en las próximas elecciones.

5. Dominios

Se suprime la obligación sobre constancia registral de los nombres de dominio, dado que se ha revelado “como poco operativa desde un punto de vista práctico”.

La disposición adicional segunda prevé que la autoridad de asignación de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) adopte las medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios de las lenguas españolas distintos de los incluidos en el alfabeto inglés, como es la letra “ñ”, en un plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

6. Entrada en vigor

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

No obstante, las obligaciones contenidas en el nuevo artículo 12 bis de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico entrarán en vigor a los tres meses de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado, y los artículos 2 y 6 de esta ley entrarán en vigor a los seis meses de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado.

NOTAS

[1] Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
[2] Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
[3] Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
[4] Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista
[5] Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)
[6] Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), Capítulo 2:

Catorce. Se añaden dos nuevos párrafos, que pasarán a ser respectivamente el tercero y el cuarto, al apartado uno de la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:

“Las Administraciones Públicas exigirán que tanto las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien total o parcialmente como las páginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. En particular, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas de Internet y sus contenidos de los Centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los Centros privados que obtengan financiación pública.

Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deberán ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o formular cualquier consulta o sugerencia de mejora. “

Quince. Se añaden tres nuevos apartados, que pasarán a ser los apartados tres, cuatro y cinco, a la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:

“Tres. Las Administraciones Públicas promoverán medidas de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras páginas de Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.

Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Cinco. Las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley …/2007, de… de…, de medidas de impulso de la sociedad de la información, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, siempre que ello sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado.”

[7] Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)
Capítulo 1, Artículo 2, Punto 3

3. Excepcionalmente, el Gobierno podrá ampliar el ámbito de aplicación del apartado primero del presente artículo a otras empresas diferentes de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio que presten, se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener una interlocución telemática con sus clientes o usuarios.

[8] Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)
Capítulo 2, Artículo 5

Dos. Se da nueva redacción al apartado 8 del artículo 3, con el texto siguiente:

“8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica.

Efectuadas las citadas comprobaciones por quien ha presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida con resultado positivo, se presumirá la autenticidad de dicho documento electrónico.

Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

Cuatro. Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 23, con el texto siguiente:

“5. El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que consten en el certificado electrónico si éstos le han sido acreditados mediante documento público, inscrito en
un registro público si así resulta exigible. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos en un registro público, el prestador de servicios de certificación podrá, en su caso, comprobarlos en el citado registro antes de la expedición del certificado, pudiendo emplear los medios elemáticos facilitados por los citados registros públicos.”

[9] Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI)

Disposición adicional primera. Promoción de medios electrónicos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana.
Las Administraciones Públicas promoverán el uso de medios electrónicos para facilitar la transparencia y la participación ciudadana en los procedimientos democráticos de adopción de decisiones públicas.

Asimismo, se fomentará el intercambio de experiencias y mejores prácticas en este ámbito tanto a nivel nacional como internacional.

Artículos relacionados posteriores:

LISI (II). Enmiendas a la LISI
LISI (III). El Congreso aprueba la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información
LISI (IV). Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

Reglamento para el acceso de las personas con discapacidad a la Sociedad de la Información

Reglamento para el acceso de las personas con discapacidad a la Sociedad de la Información II

Artículos relacionados
[14-01-08] Referencia sobre legislación española relacionada ...

Accesibilidad, firma electrónica y DNIe en el ámbito de las Administraciones Públicas

2007-04-13T19:43:00.000+02:00

Las aplicaciones Web de la Administración Pública española, desde el 1 de enero de 2006, deben cumplir los requisitos de accesibilidad W3C-WAI según la Ley 34/2002 [1] (aunque no se especifica el nivel mínimo de adecuación recomendado, el exigido en otros textos a nivel nacional [2] y desde la Unión Europea [3] es explícitamente la Doble A).

Por otro lado, la Administración Pública española debe ofrecer servicios de tramitación telemática [4], para los cuales se requiere firma electrónica, que permite identificar al firmante, verificar la integridad de su mensaje y asegurar su autoría, en caso de que éste decidiera negarla. [5]

La Ley distingue dos tipos de firma electrónica. La firma electrónica avanzada, que se define según la Ley 59/2003 [5] como:

"Art. 3.2 La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control."

y la firma electrónica reconocida, que se define según la Ley 59/2003 [5] como:

"[...] que se define siguiendo las pautas impuestas en la Directiva 1999/93/CE como la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. A la firma electrónica reconocida le otorga la Ley la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma electrónica.

[...]

Con ello se aclara que no basta con la firma electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creación."

Un dispositivo seguro de creación como el DNIe.

No pretendo aquí incluir un manual de firma electrónica, pero sí que es necesario decir que, en ambos casos, el funcionamiento de la firma electrónica está basado es una clave pública y una clave privada. La clave privada sólo está en poder del propietario, que debe conservarla de forma segura, y por tanto jamás debe abandonar la máquina del cliente (en realidad, en el caso de la firma reconocida, ésta nunca sale del chip de la smartcard o dispositivo). Por ello no podremos realizar nunca la firma electrónica en el servidor.

Y entonces llegamos a donde quería ir a parar, que la firma electrónica requiere lógica en cliente, por un lado la utilización de Javascript y por otro la necesidad de un ActiveX o un applet (las opciones más habituales), ya que, también por motivos de seguridad, mediante Javascript no tendrías nunca permisos para acceder, por ejemplo, al almacén de certificados.

El punto de verificación 6.3 de las Pautas de Accesibilidad de la WAI (que como hemos dicho deben acatar las aplicaciones de las Administraciones Públicas) dice así:

"Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos programados. Si esto no es posible, proporcione información equivalente en una página alternativa accesible".

Dicho punto es de Prioridad 1, es decir, es necesario para alcanzar un nivel de adecuación Simple A, el menos exigente (recordemos que hemos dicho que el nivel mínimo recomendado era la Doble A, el siguiente nivel de adecuación y más exigente que la Simple A).

La WAI es realista, prevé que en aquellos casos en los cuales la tecnología del momento no alcanza para ofrecer la plena accesibilidad de un servicio, no habrá más solución que ofrecer una versión o un modo de interacción diferente. En este caso habría que ofrecer una alternativa accesible para los usuarios cuyo navegador no admite o no tiene activo el Javascript (según W3C el 10% de los usuarios navegan con el Javascript desactivado), así como para aquellos que no puedan ejecutar el ActiveX o el applet.

Podría pensarse en una alternativa como la que estamos habituados en los entornos de banca, después de informar al usuario de que su navegador no admite Javascript o no lo tiene activado, o que si bien admite Javascript no puede ejecutar los componentes cliente de firma electrónica (ActiveX o Applet) y que por tanto no podrá autenticarse o firmar con certificado digital, informarle como digo de que sí que podrá hacerlo mediante usuario y contraseña, reforzado por ejemplo con una tarjeta de coordenadas, incluso disponible en versión braille como la que ofrece Bankinter a sus clientes.

El problema es que, aunque esta solución podría valernos para la autenticación, en el caso de la firma electrónica, dentro de la Administración Pública no tendría validez legal, puesto que se exige que la firma electrónica ofrezca garantías de Autenticación, Integridad y No repudio, lo que le confiere validez legal. [5] .

Por tanto, nos encontramos con una paradoja: la Administración Pública debe ofrecer servicios de tramitación telemática que necesitan de firma electrónica, pero a su vez debe cumplir con las Pautas de Accesibilidad de la WAI. Y ambos son incompatibles hoy en día. Podrán hacerse accesibles todos los contenidos salvo aquellos que requieran firma electrónica.

A este respecto, la web del Ministerio de Fomento, en su apartado de Accesibilidad dice así:

“Todas las aplicaciones satisfacen todos los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 definidos en las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0) por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C). De acuerdo a lo anterior, ninguna de las aplicaciones necesita para alcanzar su funcionalidad completa el uso de javascript.

En el caso de que la complejidad de los formularios haya aconsejado mantener funcionalidades que hagan uso de javascript para mejorar su usabilidad, se ofrece una versión accesible AA alternativa y equivalente.

No obstante es necesario puntualizar lo siguiente: Por motivos de seguridad es necesario que las operaciones de firma se realicen en su navegador, por lo que éste debe capaz de ejecutar javascript y los componentes cliente de firma electrónica (ActiveX o Applet). Ésta es la única excepción a la norma y la única funcionalidad que emplee javascript que usted se encontrará si elige usar la versión accesible AA de las aplicaciones.”

Paradójico, como digo: podrás realizar todo el proceso pero no te servirá de nada, porque al final no podrás firmar, deberás cerrar el ordenador e irte a hacer cola a una ventanilla.

La tecnología Web debe avanzar, así que si os queréis forrar ya sabéis lo que tenéis que patentar: una forma de realizar firma electrónica accesible, sin necesidad de lógica en cliente. Hoy en día suena a ciencia ficción, ya veremos mañana.

NOTAS

[1] Ley 34/2002, en su Disposición Adicional Quinta.

Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.

[2] Por ejemplo, en el marco concreto de los registros y las notificaciones telemáticas, los "Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades" (Criterios SNC)”. Indica en su apartado cinco específicamente la Doble A:

La Orden PRE/1551/2003, de 10 junio, por la que se desarrolla la Disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21de febrero de 2003, que regula los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de certificados por los ciudadanos, establece que el registro telemático y el servicio de notificación telemática deberán cumplir los requerimientos en materia de accesibilidad establecidos por la Iniciativa para una Web Accesible (WAI) del Consorcio World Wide Web y en particular las especificaciones de la Recomendación de 5 de mayo de 1999 sobre Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web, versión 1.0, en su nivel AA.
[…]
5.2 Los servicios electrónicos puestos por la Administración a disposición del ciudadano deben ser visualizables, accesibles y funcionalmente operables desde diversos navegadores alternativos. En particular, se deben adaptar las aplicaciones web a los estándares del World Wide Web Consortium (W3C), evitar la utilización de extensiones propietarias de navegadores y verificar el sitio web, al menos, con http://validator.w3.org/. (Véase capítulo 'Software libre y de fuentes abiertas')

[3] Por ejemplo en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión “eEurope 2002: Accesibilidad de los sitios Web públicos y de su contenido (COM(2001) 529 – C5 – 0074/2002 – 2002/2032(COS) de abril de 2002,” en su punto 30:

Subraya que para que los sitios web sean accesibles es fundamental que satisfagan el nivel doble A y que se aplique en su totalidad la prioridad 2 de las Pautas WAI.

[4] El artículo 45 de la Ley 30/1992, impone a las Administraciones Públicas la obligación de impulsar el empleo y aplicación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias. Esta tarea de promoción recibió un nuevo impulso legislativo con la reforma operada por la Ley 24/2001.

[Más información]

[5] Ley 59/2003, de 19 de septiembre, de firma electrónica.